Diego Montiel Acosta aparece documentado en el Archivo Municipal de Mazarrón como titular de una libreta de seguro obligatorio obrero, fechada el 28 de septiembre de 1925.

La unidad documental se conserva con la signatura ES 30026. AM FP-01-02-05-02-Leg. 10 Nº 12 y lleva por título “Libreta de seguro obligatorio obrero de Diego Montiel Acosta”. Se trata de una unidad documental compuesta, en soporte papel, producida por el Ayuntamiento de Mazarrón y conservada en el Archivo Municipal de Mazarrón.

La documentación lo vincula con la Caja Regional Murciana-Albacetense de Previsión Social, entidad que figura como punto de acceso de autoridad en la misma unidad documental. Su presencia documental se relaciona, por tanto, con el sistema de previsión social y seguro obligatorio obrero durante el primer tercio del siglo XX.

No constan, en la información disponible, datos biográficos sobre su nacimiento, fallecimiento, profesión concreta, domicilio o trayectoria personal.

Pedro Muñoz Ballesta fue alcalde de Mazarrón durante la etapa democrática municipal, entre 1980 y 1995, vinculado al Partido Socialista de la Región de Murcia / PSOE. La relación de alcaldes publicada para Mazarrón lo sitúa como sucesor de Mariano Yúfera, alcalde entre 1979 y 1980, y antecesor de Domingo Valera, alcalde entre 1995 y 1997.

También aparece documentado como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mazarrón en disposiciones oficiales publicadas en el BOE y el BORM. Por ejemplo, en 1995 firma como alcalde-presidente una resolución del Ayuntamiento de Mazarrón publicada en el BOE, y en 1985, 1987, 1992 y 1995 aparece en anuncios oficiales del BORM como alcalde o alcalde-presidente de Mazarrón.

La unidad documental del Archivo Municipal de Mazarrón que motiva este registro es el “Bando municipal sobre la declaración de alerta azul por escasez de agua en la Región de Murcia”, vinculado a su actividad como alcalde de Mazarrón. El portal del archivo no me ha devuelto la ficha completa al abrirla, así que para ese documento concreto uso el título aportado como fuente directa.

Pedro Muñoz Ballesta fue una persona vinculada a la hacienda municipal de Mazarrón en el primer tercio del siglo XIX. La documentación lo identifica como uno de los rematantes de los derechos de 5 reales en arroba de aceite, 8 reales en arroba de aguardiente y 4 reales en arroba de vino, junto con Blas Fernández.

En 1823 se instruyó un expediente a instancia de Pedro Muñoz Ballesta y Blas Fernández para solicitar que se les exonerase de las obligaciones contraídas como rematantes de dichos derechos.

Andrés Muñoz Megías aparece documentado en el Archivo Municipal de Mazarrón en relación con la minería local, concretamente en un contrato de subrogación del arrendamiento de la terrera de la mina Talía, en el que figuran también Juan Miguel García García y Pedro Navarro Acosta.

La documentación localizada lo vincula, por tanto, a una relación contractual o económica relacionada con la terrera de la mina Talía, explotación minera asociada al distrito minero de Mazarrón. En las fuentes accesibles no se ha localizado fecha exacta del contrato ni datos biográficos suficientes para precisar nacimiento, muerte, vecindad u oficio.

Andrés Muñoz Romero fue una persona vinculada a la hacienda concejil de la Villa de Mazarrón durante el siglo XVII. La documentación conservada lo identifica como arrendador de la imposición que la villa tenía sobre la venta de vino, carne y aceite, correspondiente al año económico 1633-1634. La unidad documental indica además que las cuentas tomadas insertan cartas de pago, relacionadas con la justificación o liquidación de cantidades derivadas de dicha imposición.

José Muñoz fue una persona vinculada a la hacienda concejil de la Villa de Mazarrón durante el siglo XVII. La documentación conservada lo identifica como arrendador de la imposición que la villa cobraba sobre la venta de vino, carne y aceite, correspondiente al año económico 1625-1626. La unidad documental indica que las cuentas tomadas insertan cartas de pago, relacionadas con la justificación o liquidación de cantidades vinculadas a dicha imposición.